Las autoridades regulatorias de Sudáfrica publicaron un documento detallando una postura cautelosa, pero de buena acogida con respecto al uso de las criptomonedas como medio de pago en el país.
El pasado martes, el Grupo de Trabajo Intergubernamental para las Tecnofinanzas de Sudáfrica o IFWG (por sus siglas en inglés) publicó un documento en conjunto con CAR WG. Este describe varias recomendaciones para el desarrollo de un nuevo marco de regulación para la industria ‘cripto’. Si bien el país ha mantenido la cautela con respecto al desarrollo de las criptomonedas desde 2014, el documento reconoce que faltaron esfuerzos de supervisión local para hacer que las transacciones sean más seguras.
Sudáfrica es uno de los tantos países del mundo que tienen una posición regulatoria estricta con respecto a las criptomonedas. Sin embargo, el país suele mantener una postura neutral con respecto a su presencia. Aunque el informe describe un conjunto estricto de recomendaciones para los proveedores de activos criptográficos, actividades relevantes, los comerciantes y los clientes, no hace un veto total a la presencia de las transacciones en el país.
El documento recomienda que las entidades que brindan servicios de activos de criptomonedas sean reconocidas formalmente como Proveedores de Servicios de ‘Criptoactivos’ (CASP) y que se les exija registrarse en el Centro de Inteligencia Financiera (FIC). A cambio de este reconocimiento, los CASP quedan obligados a cumplir con los requisitos contra el lavado de dinero y a seguir procesos de verificación de identidad de sus usuarios.
Un aspecto de la recomendación incluyó la necesidad de almacenar información con respecto a los originadores y beneficiarios en una transacción de divisas digitales, así como poner esta información a disposición de las autoridades reguladoras y/o policiales si lo solicitan.
El informe también recomendó la implementación de un programa de monitorización por parte de CAR WG, con énfasis en la capitalización de mercado y la base de clientes de los exchanges de criptomonedas, así como los servicios que estos proveen. Asimismo, se busca supervisar cuáles comercios aceptan criptomonedas, el volumen de sus transacciones, incluyendo las transfronterizas.
Al ser reconocidas como una especie de divisas digital, las autoridades recomendaron que las criptomonedas se mantengan como están, «sin un estatus legal».
Con respecto a los pagos usando este tipo de activos, se establece que «el uso de criptoactivos con propósitos de pagos puede ser considerado y tentativamente permitido a riesgo del propio usuario». Se aconseja, además, revisar la Ley del Sistema Nacional de Pagos (NPS).
Finalmente, las ofertas iniciales de moneda (ICOs) han sido aprobadas como una fuente legítima de financiamiento para pequeñas empresas. Se establece que «Una ICO como un medio de recaudación de capital se adhiere al marco regulatorio para las firmas emergentes que recaudan capital»